Organismos de la CIDH abandonaron Nicaragua tras ser expulsados por Daniel Ortega




El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ambos organismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), abandonaron este jueves el país tras ser expulsados por el Gobierno local. La información fue publicada por la agencia EFE. 

Los representantes de ambas entidades salieron de Nicaragua la mañana de este jueves, un día después de que el canciller nicaragüense, Denis Moncada, comunicó al Meseni la suspensión temporal de su misión en Nicaragua y dio por expiradas las investigaciones del GIEI, que abordaban las violaciones a los derechos humanos entre el 18 de abril y el 30 de mayo.

Al menos seis representantes de las dos entidades de la CIDH salieron de Nicaragua tras la expulsión, confirmó la investigadora peruana del GIEI, Sofía Macher, a periodistas, antes de partir.

El GIEI había programado para este jueves en Managua, la presentación de un informe de 460 páginas sobre los descubrimientos arrojados por su investigación, entorno a los actos violentos en las protesta contra el presidente Daniel Ortega.

Desde el estallido social de abril pasado los organismos humanitarios nacionales e internacionales han registrado entre 325 y 545 muertos, cientos de presos, desaparecidos, miles de heridos, y decenas de miles de exiliados. El Gobierno reconoce 199 víctimas y 273 reos.

La CIDH y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno por las muertes, ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Ortega no reconoce los señalamientos e insiste en que superó un intento de “golpe de Estado”, teoría que han rechazado la Acnudh y la CIDH.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por unas fallidas reformas de la seguridad social se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal de las manifestaciones.

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